Cataluña obligará a las compañías telefónicas a abrir oficinas de atención al cliente
El Gobierno autonómico pretende que esta medida se extienda a toda España
25 de octubre de 2005
Las operadoras de telefonía e Internet en Cataluña deberán abrir oficinas de atención al cliente, según un decreto que tiene previsto aprobar la Generalitat y cuyo borrador fue presentado ayer al resto de las comunidades autónomas y a técnicos de la Administración central. Actualmente, algunas compañías sólo permiten a los consumidores realizar sus quejas a través del teléfono o la Red.
Según informa El Periódico de Cataluña, la Generalitat pretende que este proyecto se extienda al resto del territorio español, aunque serán los gobiernos autonómicos quienes decidirán si se suman o no a esta iniciativa, ya que tienen transferidas las competencias en materia de consumo.
El decreto catalán entrará en vigor a partir del segundo semestre del próximo año y se aplicará a todas las empresas que ofrezcan servicios de telecomunicaciones. Según el texto provisional, los prestadores de estos servicios deberán tener, por lo menos, una oficina presencial de atención al público en cada capital de provincia, y en aquellas ciudades con una población superior a los 100.000 habitantes otra dependencia por cada 100.000 personas.
Quedarán eximidas de esta obligación, las operadoras que no dispongan de una cuota de mercado superior al 10%. Aquellas que posean más del 30% deberán disponer de una oficina presencial por cada 50.000 clientes en los lugares que determine la Administración.
El Gobierno catalán aprobará esta regulación, pero no descarta realizar algunas modificaciones. "Lo ideal sería que nos pusiéramos de acuerdo y todas las comunidades autónomas aplicáramos un mismo modelo. Muchas veces los usuarios son atendidos por teléfonos automáticos y, cuando consiguen hablar con un operador, no siempre son capaces de solucionar el problema", explica Enric Aloy, director de la Agencia Catalana del Consumo (ACC).
En marzo pasado, la ACC expedientó a todas las empresas de telefonía móvil, fija e Internet que operan en Cataluña para responder a las más de 8.700 reclamaciones recibidas durante 2004 por irregularidades en la contratación de servicios y productos.
